Es posible que, si te hablamos del término ‘multas lingüísticas‘, o no sepas muy bien de qué estamos hablando o pienses en un castigo económico impuesto a estudiantes por escribir o hablar incorrectamente en público. Sin embargo, si eres de Cataluña, seguro que te suena bastante. Y es que, desde el año 2010, el Govern de la Generalitat las ha impuesto a todo aquel que no ha seguido su polémica política respecto al uso del catalán y el castellano. Aquí queremos hablarte acerca de todo lo que debes saber sobre ellas.
¿Qué son exactamente las multas lingüísticas y cuál es su origen?
Las multas lingüísticas son, fundamentalmente, sanciones de índole administrativa que las autoridades públicas imponen a aquellos comercios y establecimientos ubicados en la vía pública que no utilizan el catalán, al menos, en sus menús, ofertas y letreros. Sin lugar a dudas, se trata de un problema que afecta especialmente a bares y restaurantes y a empresas cuya sede se encuentra fuera de Cataluña y que, por tanto, parecen desconocer la norma (algo que desde hace ya algún tiempo se encargan de advertir los despachos de abogados especializados en representación de empresas como por ejemplo https://www.eliasymunozabogados.com/ para evitar que sus clientes tengan problemas por esta razón).
La validez legal de las multas lingüísticas viene recogida en la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que fue redactada y puesta en vigor durante el año 2010. En este momento, el gobierno de la Generalitat estaba ocupado por el famoso ‘tripartito’ compuesto por el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds.
A pesar de ello, aquella etapa de gobierno llegó a su fin ese mismo año. Entonces, llegó el momento de Artur Mas en la presidencia de la Generalitat de la mano de CiU y las sanciones empezaron a interponerse, algo que prácticamente no había sucedido en los meses previos.
El objetivo de estas multas lingüísticas no es otro que el de preservar el uso del catalán frente al castellano en la vida cotidiana en la calle. Sin embargo, tras todas las polémicas y la tensa situación política experimentada durante los últimos meses, no es de extrañar que esta medida esté más cuestionada que nunca.
Esta polémica viene de lejos. De hecho, se vio especialmente exacerbada cuando, en el mes de mayo del año 2016, coincidiendo con una visita de Carles Puigdemont a Londres en la que realizó varias entrevistas en televisión y mantuvo una conversación con Alex Salmond, antiguo ministro escocés, el prestigioso diario The Economist lanzó un artículo que dio a conocer al mundo esta verdad y en la que criticó duramente al ejecutivo catalán.
¿Cómo afecta realmente las multas lingüísticas a los comercios?
El impacto de estas multas lingüísticas es mucho más alto de lo que cabría imaginar. Es más, con el paso del tiempo, no paran de crecer, lo que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para todos aquellos comercios y establecimientos que prefieren usar el castellano o el inglés para tratar a sus clientes. Y es que no hay que olvidar que, dentro de Cataluña, el español y el catalán son lenguas cooficiales.
En concreto, según datos reportados por el Departament d’Empresa de la Generalitat, en 2014 se produjeron 57 sanciones a comercios, las cuales reportaron a las arcas de la entidad un total de 51 350 euros. Ya en 2015, los establecimientos sancionados llegaron a 68. Puede parecer un pequeño crecimiento, pero resulta alarmante si se tiene en cuenta que la cifra económica derivada de ellas llegó a los 140 000 euros, es decir, un 173 % más en solo 12 meses.
Si nos atenemos a 2016, última anualidad de la que existen datos, el número de expedientes sancionadores llegó a los 89. De ellos, 10 fueron a empresas y 40 se correspondían con denuncias de particulares. El resto fueron interpuestos por la Agencia Catalana de Consumo de oficio. Desgraciadamente, no existen cifras económicas que cuantifiquen esa cifra.
Sin duda, se trata de una de las medidas más controvertidas llevadas a cabo por cualquier Govern de la Generalitat. De hecho, varios han sido los partidos políticos, entre ellos Partido Popular y Ciudadanos, que han impuesto recursos y han solicitado formalmente la supresión de las sanciones, la detención de los expedientes en curso e, incluso, la devolución, con carácter retroactivo, de las multas abonadas por este concepto. De momento, propuestas que han caído en saco roto.
